Requisitos para ser juez en espana

Las principales profesiones jurídicas en España son los fiscales, los jueces y magistrados superiores, los abogados, los notarios, los secretarios judiciales letrados de la administración de justicia, los registradores de la propiedad y mercantiles y los procuradores. La categoría para la que hay más candidatos es la de juez. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ser juez, los candidatos deben superar una oposición para licenciados en Derecho y realizar un curso en la Escuela Judicial.

Además, un número menor de candidatos accede a la judicatura por la vía de juez decano y juez del Tribunal Supremo. Por último, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial entre jueces superiores con al menos 15 años de servicio, de los cuales 10 como juez superior, mientras que una quinta parte de los jueces del Tribunal Supremo son nombrados entre abogados de reconocida capacidad con al menos 15 años de experiencia Sin embargo, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. En ambos sistemas jurídicos partimos de un punto de vista idéntico: que la justicia se origina en el pueblo y con su apoyo.

La Constitución de los Estados Unidos dice: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una Unión más perfecta, establecemos la Justicia…». Pues bien, ese mismo origen es también el fundamento del poder judicial en España, porque nuestra Constitución, al igual que la de Estados Unidos, señala como principio fundamental que la justicia «proviene del pueblo» aunque sea administrada en nombre del Rey, por Jueces y Tribunales…. Esto nos lleva al papel del Juez en España a la hora de impartir dicha justicia.

Thomas Wilson escribió: Un Juez «no es el maestro, sino el ministro de la ley». Esta frase resume la posición de un Juez en el derecho español en su calidad de intérprete que aplica la ley. La separación de poderes en el ordenamiento jurídico español garantiza que la función de legislar está estrictamente atribuida al Parlamento y la de juzgar, como dice nuestra Constitución, a los Juzgados o Tribunales, «independientes, inamovibles, responsables y sometidos exclusivamente al imperio de la ley», lo que proclama claramente la independencia judicial frente al poder ejecutivo.

Sin embargo, la preponderancia de las decisiones judiciales en el derecho español ha cambiado recientemente como consecuencia de la globalización y de una mayor influencia del sistema jurídico anglosajón en nuestra visión del derecho y en nuestra propia forma de administrar justicia. El derecho europeo tiene ahora una mayor influencia como consecuencia de la pertenencia de España a la Unión Europea, lo que se traduce en una mayor relevancia de los precedentes judiciales a la hora de resolver un caso concreto, en muchos casos mayor que las normas jurídicas que se aplican o interpretan. También tenemos un sistema judicial que se estructura de forma similar al francés o al alemán, dividido en diferentes jurisdicciones para una mayor especialización de los jueces.

Tenemos Tribunales Civiles relativos a cuestiones entre particulares y de derecho privado, Social que resuelve problemas que afectan a los derechos de los trabajadores, Penal para la persecución de delitos, y Contencioso-Administrativo que enjuicia todas las cuestiones de derecho público que afectan a las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos. Según el Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE de 2019 España se encuentra entre los cuatro países de la UE con peor percepción sobre la independencia judicial entre sus ciudadanos. La encuesta muestra una tendencia que no se detiene: la percepción sobre la parcialidad del poder judicial crece peligrosamente en la sociedad española.

Las causas hay que buscarlas en tres elementos: la situación política del país; las carencias de la normativa sobre el poder judicial; el comportamiento de los propios jueces. Recientemente, el Tribunal Supremo español ha dictado una sentencia en la que desestima el recurso del Sr. Oriol Junqueras contra la negativa del mismo tribunal a permitirle salir brevemente de la prisión en la que se encontraba en régimen de prisión provisional. El Sr. Junqueras estaba en ese momento recién elegido como diputado al Parlamento Europeo, y la autoridad electoral española Junta Electoral Central había decidido que sólo podía adquirir la plena condición de eurodiputado prestando personalmente el juramento a la Constitución española en sus instalaciones.

El Tribunal Supremo le impidió hacerlo -aunque no estaba condenado por ningún delito- para evitar que gozara de inmunidad europea. De hecho, el problema clave para la independencia judicial en España es probablemente la forma en que se nombran los jueces del Tribunal Supremo. Según la ley española el art.

127 de la ley del poder judicial estos magistrados no acceden a su cargo siguiendo ningún sistema objetivo de méritos, sino por designación del Consejo General del Poder Judicial. Esta falta de objetividad permite nombramientos basados en razones políticas, así como en el clientelismo o el intercambio de favores. Como el Consejo